La crisis climática está transformando silenciosamente los patrones migratorios en
México. El aumento de las temperaturas, la irregularidad de las lluvias, las sequías
prolongadas y la intensificación de huracanes y tormentas están provocando que miles
de personas abandonen sus hogares cada año. Aunque la migración en México tiene
raíces históricas y sociales complejas, los efectos del calentamiento global se han
convertido en un factor decisivo que empuja tanto la migración interna como la
internacional.
De acuerdo con el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), durante 2023 más
de 196 mil personas en México fueron desplazadas de manera interna a causa de
desastres naturales. Las inundaciones, incendios, tormentas, deslaves y sequías
extremas destruyeron viviendas, afectaron los cultivos y colapsaron los servicios
básicos en zonas rurales y costeras. Los estados de Tabasco, Veracruz, Chiapas,
Guerrero y Yucatán son algunos de los más afectados. La variabilidad en las lluvias
genera en algunos estados el agotamiento de los mantos acuíferos y en otros el exceso
de agua ha causado el desborde en ríos, siendo así dos de las razones más
significativas por las cuales los mexicanos se están viendo obligados a desplazarse
hacia otras ciudades en busca de mejores condiciones.
La situación del campo mexicano es particularmente preocupante. Un estudio
publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) demuestra que
una reducción del 10 % en los rendimientos agrícolas incrementa en 2 % la
probabilidad de emigrar hacia Estados Unidos. En regiones agrícolas como Zacatecas,
San Luis Potosí o Michoacán, donde los cultivos de maíz, frijol y agave dependen de
las lluvias de temporada, las sequías cada vez más frecuentes están vaciando los
campos. De mantenerse las tendencias actuales, las proyecciones científicas advierten
que entre 1.4 y 6.7 millones de personas adultas mexicanas podrían emigrar hacia
2080 como consecuencia directa de la pérdida de productividad agrícola provocada por
la crisis climática.
El vínculo entre la degradación ambiental y la migración no responde a una sola causa.
La crisis climática opera como un detonante que amplifica desigualdades preexistentes:
pobreza, falta de infraestructura, erosión del suelo, acceso limitado al agua y
dependencia económica del sector agrícola. En este contexto, la migración se convierte
en una estrategia de supervivencia más que en una elección. Las personas se
desplazan no porque quieran, sino porque quedarse se vuelve inviable.
Las ciudades receptoras enfrentan nuevos retos ante este fenómeno. La llegada de
población desplazada por motivos ambientales ejerce una presión creciente sobre los servicios básicos, la vivienda y el transporte. En muchas ocasiones, quienes migran se
asientan en zonas informales, sin acceso adecuado a agua potable o saneamiento, y a
menudo en lugares propensos a inundaciones o deslaves. Sin políticas urbanas de
adaptación y sin una gestión eficiente del agua, México podría enfrentarse a una crisis
social y ambiental de doble filo.
A pesar de la magnitud del problema, el país aún no reconoce oficialmente la migración
climática. No existe una categoría legal que la identifique ni un registro sistemático de
las personas desplazadas por causas ambientales. Esto dificulta la creación de
políticas públicas efectivas que ofrezcan protección y alternativas a las comunidades
afectadas.
Frente a este panorama, la resiliencia ecológica y la restauración del territorio se
presentan como estrategias fundamentales para frenar la migración forzada. Invertir en
la restauración de suelos, reforestación, infiltración hídrica e infraestructura verde para
ciudades resilientes permite recuperar la funcionalidad de los ecosistemas, mejorar la
disponibilidad de agua y fortalecer los medios de vida rurales. Además, la restauración
puede ofrecer nuevas posibilidades económicas a las comunidades locales, generando
empleos verdes donde las personas trabajan plantando y cuidando su propio
ecosistema.
Este enfoque impulsa la justicia social y reduce la necesidad de migrar por falta de
oportunidades, ya que muchas personas abandonan sus comunidades ante la escasez
de ingresos o la falta de alternativas laborales. Con proyectos de restauración, se
fortalece la economía local y se detiene el desplazamiento forzado.
Organizaciones como Nación Verde trabajan en este sentido, restaurando ecosistemas
degradados y recuperando servicios ambientales esenciales. Cada árbol plantado y
cada suelo recuperado representan una oportunidad para detener el desplazamiento y
construir un futuro más habitable. En última instancia, abordar la migración climática en
México no es únicamente una cuestión humanitaria o ambiental, sino una necesidad
urgente para garantizar la estabilidad social, económica y ecológica del país.