TOLUCA, Méx., 16 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo una sentencia condenatoria de 70 años de prisión en contra de María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, tras acreditar su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de dos servidores públicos municipales.
De acuerdo con las investigaciones, la ahora sentenciada ordenó el asesinato del síndico municipal y de un chofer del ayuntamiento, identificados con las iniciales G.J.R. y M.A.L.C., hechos registrados el 25 de enero de 2023, cuando ambas víctimas fueron privadas de la vida por instrucciones directas de la entonces alcaldesa.
Las indagatorias de la Operación “Enjambre” permitieron establecer que las víctimas, en ejercicio de sus funciones, fueron enviadas por su superior jerárquica a una zona de alto riesgo dominada por grupos criminales con presencia en la región, de donde no regresaron con vida.
El Ministerio Público acreditó que María Elena Martínez Robles sostuvo comunicación telefónica con integrantes de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán, a quienes solicitó privar de la vida al síndico municipal con el objetivo de mantener el control de las decisiones al interior de la administración local.
Como parte del plan criminal, el 25 de enero de 2023 el síndico fue enviado a una supuesta reunión al municipio de Zacazonapan; un día después, el 26 de enero, los cuerpos de ambas víctimas fueron localizados al interior de un vehículo sobre la carretera Temascaltepec–Luvianos, a la altura de la comunidad La Alcantarilla.
Las investigaciones también determinaron que la ex presidenta municipal participó en diversas reuniones con integrantes de una célula criminal para coordinar la forma de operación de la administración municipal durante su gestión.
La detención de María Elena Martínez Robles se realizó mediante acciones conjuntas de la Fiscalía mexiquense y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, como parte de la Operación “Enjambre”.
Además de la pena privativa de la libertad, la Autoridad Judicial impuso el pago de una reparación del daño por 207 mil 234 pesos por cada víctima y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
Con esta resolución, suman once sentencias condenatorias en contra de objetivos prioritarios de la Operación “Enjambre”, la cual ha derivado hasta el momento en la detención de 60 presuntos responsables vinculados a distintos delitos.