Toluca, Méx. 8 abril del 2022. La Diputada Mónica Miriam Granillo Velazco puso a consideración del pleno del Congreso del Estado un Punto de Acuerdo para exhortar a los municipios mexiquenses iniciar un programa de regularización de la propiedad de predios de escuelas públicas, con la finalidad de darles certeza jurídica y patrimonial.
El exhorto se dirige a la Secretaría de Educación del Estado de México, a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM); a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); al Registro Agrario Nacional y al Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).
Estas instancias, a través de sus áreas jurídicas y dentro del ámbito de sus atribuciones y facultades, pueden generar grupos de trabajo para revisar la situación legal de los inmuebles que ocupan las escuelas públicas, con el objetivo de promover convenios de regularización para la escrituración de los predios.
Se propone con ello la realización de un esfuerzo sistemático y coordinado que garantice la certeza jurídica y patrimonial de cada escuela pública.
Recordó que con la creación de “Servicios Educativos Integrados al Estado de México” (SEIEM), las escuelas de origen federal fueron transferidas a los estados, teniendo así la responsabilidad total de la situación legal de los predios en los que se encuentran, así como la situación de la infraestructura, servicios y mobiliario.
Ante esta esta situación, la propuesta presentada por la legisladora urge a la regularización de predios donde se albergan las instituciones educativas públicas, ya que actualmente existe una falta de certeza jurídica sobre la propiedad de predios escolares.
Dijo que en las distintas regiones de la entidad es común encontrar escuelas de educación pública construidas en terrenos sobre los que no tienen legítimos derechos de propiedad.
Ante ello, puntualizó la necesidad de generar sinergia de manera conjunta para regularizar los predios de las escuelas públicas del Estado de México, para que cuenten con sus respectivos títulos de propiedad, y tengan acceso a los recursos que la federación y el gobierno del estado aportan para realizar mejoras.