• Le diputade Esmeralda Navarro (morena) presentará una iniciativa en materia de prevención, atención y protección de los derechos de la niñez y adolescencias en situaciones de trabajo infantil.
• En el ‘Primer Foro Regional: Prevención y Atención del Trabajo en la Niñez y Adolescencia’ llamó a no normalizar este problema, ya que muchas infancias no laboran porque quieran, sino porque son obligadas (incluso por personas que no son sus familiares).
• Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que, en esta entidad, hay más de 250 mil menores que hacen labores no permitidas (debajo de la edad mínima u ocupaciones peligrosas como el sector de la construcción, minas, sector agropecuario, bares, cantinas, entre otros), y más de 25 mil realizan actividadeAl asegurar que ninguna niña, niño o adolescente tendría que elegir entre estudiar o trabajar, le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (morena) anunció la presentación de una iniciativa en materia de prevención, atención y protección de los derechos de la niñez y adolescencias en situaciones de trabajo infantil.
Durante el ‘Primer Foro Regional: Prevención y Atención del Trabajo en la Niñez y Adolescencia’, Navarro Hernández indicó que su proyecto legislativo ayudará a enfrentar un problema que se vive y enfrenta desde la realidad estatal, por lo que prepara su presentación en el Congreso mexiquense.
En Valle de Chalco Solidaridad, con la presencia de la legisladora Angélica Pérez Cerón (morena), el parlamentario Carlos Antonio Martínez Zurita (morena) y la diputada Yareli Anai Esparza Acevedo (PT), acusó que el trabajo infantil no es una ayuda para las y los menores, sino una señal de desigualdad y una alerta para resolver un hecho de riesgo para quienes lo hacen.
En el evento, organizado por el Congreso mexiquense, la Subsecretaría General de Gobierno y la Secretaría del Trabajo, ambas del gobierno estatal, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), y el municipio anfitrión, compartió su experiencia de vida en su niñez con menores estudiantes, donde tuvo que laborar para ayudar a su familia. Ante ello, llamó a no normalizar esta situación, porque muchas infancias no lo hacen porque quieran, sino porque son obligadas incluso por personas que no son sus familiares.
Frente a Ilse Mareny Pineda Callejas, jefa del departamento de Vinculación del Sipinna, y José Cipriano Gutiérrez Vázquez, representante de la Subsecretaría General de Gobierno, le diputade advirtió que el trabajo infantil no se cambiará solo en el Congreso o por las autoridades, sino también por la comunidad.
“Desde cada vecina, cada vecino, cada familia que decide no normalizar lo que está mal, desde quienes levantan la voz, desde quienes acompañan, desde quienes cuidan”, subrayó.
En su turno, Ilse Pineda informó que serán siete foros regionales y reconoció al Congreso estatal por apoyar estos espacios que sirven para dar voz a este sector, la que ayudará a legislar y tomar decisiones públicas en la materia.
Emma Liliana Navarrete López, académica de El Colegio mexiquense, y Faviola Capetillo Hernández, de la organización civil ‘Pacto por la Primera Infancia’, coincidieron en que el trabajo en la infancia afecta el desarrollo integral de las y los menores, además de limitar sus derechos, como el de acceso a la educación.
Emma Navarrete añadió que ciertas labores pueden ser formativas, como aprender oficios, mientras que Faviola Capetillo advirtió que esta práctica es más grave en los primeros cinco años de la niñez, como los casos en que las familias llevan consigo a sus infantes a laborar, y se pronunció por vincular los programas sociales con acciones para atender y erradicar esta situación.
Cabe citar que la entidad cuenta con una población de 5 millones de personas de cero a 17 años de edad (49 por ciento mujeres y 50.6 por ciento hombres), de las cuales, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para 2022, más de 250 mil hacen labores no permitidas (debajo de la edad mínima u ocupaciones peligrosas como el sector de la construcción, minas, campo, bares, cantinas, entre otros), y más de 25 mil realizan actividades permitidas.