Ecatepec de Morelos, Méx. 13 abril del 2026.
Una investigación documental ha dejado al descubierto una red de irregularidades en la Sala Auxiliar de Ecatepec del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA). Bajo la administración de Eduardo Piña Márquez, la institución no solo enfrenta una crisis de legitimidad técnica, sino que es señalada como un presunto enclave de uso político de la justicia laboral en favor del Partido del Trabajo (PT) y en contra de la gobernabilidad estatal.
Un nombramiento que desafía la ley
El eje central del escándalo radica en el incumplimiento de los requisitos legales para ocupar la titularidad de la Sala. Según el Artículo 154 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México, quien presida una Sala debe contar con una antigüedad mínima de cinco años de ejercicio profesional tras la titulación.
Sin embargo, una consulta al Registro Nacional de Profesionistas revela que Eduardo Piña Márquez obtuvo su título de Licenciado en Derecho apenas en 2023. Con apenas tres años de ejercicio al 2026, su nombramiento carece de sustento jurídico, lo que genera un efecto dominó de nulidad:
Vicios de origen: Cada laudo, acuerdo y firma emitido bajo su gestión podría ser invalidado.
Inseguridad jurídica: Miles de trabajadores corren el riesgo de ver sus juicios desechados por la incapacidad legal del titular.
La «Amnistía» selectiva: Justicia como moneda de cambio
La revisión de los Boletines Laborales de 2025 apunta a una «parálisis dirigida». Mientras los juicios entre particulares fluyen, los expedientes contra ayuntamientos estratégicos parecen congelados en etapas de notificación.
Esta selectividad sugiere que la Sala de Ecatepec opera como un escudo financiero para alcaldes. A cambio de frenar embargos y ejecuciones de sentencia, se presume que se exige lealtad política al proyecto del PT rumbo a los comicios de 2029, sacrificando los derechos de trabajadores que llevan más de una década esperando justicia.
Crisis de gestión: «Terrorismo administrativo»
La operatividad diaria del tribunal también está bajo la lupa. Litigantes y usuarios denuncian conductas erráticas por parte de Piña Márquez, incluyendo reportes de asistencias a la oficina en estado inconveniente.
»Se vive un clima de hostilidad y amedrentamiento. No es un tribunal, parece un feudo personal donde la autoridad brilla por su ausencia en la toma de decisiones críticas», señalan abogados consultados.
¿Omisión o complicidad estatal?
A pesar de las quejas administrativas ya interpuestas, la Secretaría del Trabajo del Estado de México ha guardado silencio. Esta falta de acción institucional genera interrogantes sobre cómo se validaron los filtros de control de confianza para un perfil que incumple flagrantemente la ley, convirtiendo a la dependencia en presunta corresponsable de una usurpación de funciones.
El trasfondo político: Desafío al Grupo Texcoco
Fuentes políticas sugieren que la permanencia de Piña Márquez es una pieza en un tablero de ajedrez mayor. Se presume que la Sala de Ecatepec se utiliza para reclutar alcaldes mediante la promesa de inmunidad judicial, buscando fracturar la estructura de poder de la gobernadora Delfina Gómez y el proyecto de sucesión encabezado por Horacio Duarte.
Lo que hoy ocurre en el TECA Ecatepec no es solo un error administrativo; es, presuntamente, el uso de la justicia laboral como una herramienta de desestabilización política en el corazón del Estado de México.