Por Redacción
México, 22 de septiembre 2021.- Pese a que el sistema migratorio esta colapsando, con pocos resultados al no poder controlar la internación y circulación de miles de migrantes por territorio mexicano y los abusos de autoridad han destapado actos de corrupción e incompetencia al interior del Instituto Nacional de Migración, otros problemas también tienen en el radar a la dependencia, por uno de sus funcionarios con procesos penales.
Tal es el caso de Antonio Molina Díaz quien funge como Director General de Control y Verificación Migratoria en el Instituto Nacional de Migración y anteriormente estuvo al frente de cárceles federales y por lo que tendrá que comparecer el próximo 18 de octubre de 2021 en el reclusorio Sur bajo la causa penal 45/2021.
La FGR le imputa, como exfuncionario del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), delitos por actos de corrupción por la firma de contratos con los cuales se concretó la construcción de ocho prisiones federales en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. El pago acordado fue de más de 270 mil millones de pesos.
Antonio Molina Díaz, estudio derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Durango. Laboró en el Sistema Penitenciario del Estado de Durango del 2001 al 2011, desde Jefe de departamento hasta Director en el Centro de Readaptación Social número Uno, en Durango.
Ingresó el 16 de febrero del 2011, como Director Penitenciario en la Coordinación General de Centros Federales en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, cuando Genaro García Luna era el titular y José Patricio Patiño Arias era Subsecretario del Sistema Penitenciario Federal, en tiempos del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Fue en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, cuando tuvo su ascenso laboral, terminando como Director General y encargado de la Coordinación General de Centros Federales en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Con la escuela de Genaro García Luna, el funcionario que ha pasado por varias administraciones, ha sido astuto para manejar información y usarla a su favor, fue como se acercó a Francisco Garduño Yáñez, quien llegó en septiembre de 2018 a dirigir el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, pero sin el personal necesario para dicha encomienda.
Antonio Molina Díaz, aprovecho la circunstancia y se hizo de su equipo de confianza y para junio de 2019, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, nombró a Francisco Garduño Yáñez como Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Antonio Molina Díaz asumió primero el cargo como Director General de Regulación y Archivo Migratorio y actualmente funge como Director General de Control y Verificación Migratoria, con un sueldo bruto de $132,312.96 pesos, según datos de la página de transparencia.
Cabe mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el presidente de la República, Andrés Manuel López obrador, dejo en claro que: “En lo que respecta al tratamiento de extranjeros migrantes en México ya sea que se encuentren de paso hacia el país del norte o con propósitos de residencia en el territorio nacional, la política del gobierno federal ha dado ya un giro en relación con la que había venido poniendo en práctica el régimen anterior.
Si bien es cierto que el ingreso de extranjeros requiere de un proceso de registro por razones de seguridad empezando por la de los propios interesados, estadística e instrumentación de mecanismos de acogida, México ha retomado su tradición de país hospitalario, tierra de asilo e integrador de migraciones.”
Es extraño que el presidente y la 4T no lo haya separado del cargo, siendo que no es la primera vez que ha incurrido en irregularidades en la administración pública, ya que el 28 de enero de 2020, evidenció su falta de perfil, conocimiento y sensibilidad en materia de Derechos Humanos, al emitir el oficio INM/DGCVM/0118/2020, por el cual instruyó la suspensión del ingreso de asociaciones civiles y religiosas a las estaciones migratorias que brindan apoyo humanitario a los migrantes, violando con ello Derechos Humanos y que al hacerse público dicha transgresión, la Secretaría de Gobernación mediante comunicado, informó desconocer la instrucción y recalcó que Antonio Molina Díaz, lo había firmado sin autorización de sus superiores (6). Al funcionario no le hicieron nada a pesar de ser evidente la violación a Derechos Humanos
Lo que es claro de este funcionario, Antonio Molina Díaz, es que forma parte de un entramado y bien armado círculo de amigos. Está firmemente respaldado por el Comisionado del Instituto Nacional de Migración Garduño Yáñez y por el propio presidente de la República. Incluso, no podemos pasar por alto que su jefe inmediato tiene amistad con Marcelo Ebrad Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores, con quien Garduño trabajó de la mano en el Gobierno del actual presidente de México, el primero como Secretario de Seguridad Pública y el segundo, como Secretario de Vialidad del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México.
Los expertos en migración mencionan que la política migratoria en México se ha militarizado. Pero se ha agravado en las últimas semanas donde ha circulado en todo el mundo, imágenes de las flagrantes violaciones a los Derechos Humanos de los agentes de migración comandados por Francisco Garduño Yáñez y Antonio Molina Díaz, funcionarios golpeando a hombres, mujeres y niños, respaldados por la Guardia Nacional, institución de creación en este sexenio y que, en su Ley (7), le confirieron facultades en la materia. Es evidente que Antonio Molina Díaz, ex funcionario de cárceles federales, no es competente para operar en materia de migración porque desconoce la materia, pero tuvo que entrarle al encargo luego de la salida de Tonatiuh Guillén López, en 2019.
Hoy “ante los hechos nos queda claro que el sistema migratorio mexicano está colapsado”, asegura Tomás Milton Muño, profesor investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM.
Circunstancia que se complica aún más, pues recientemente el gobierno de los Estados Unidos ha decidido cerrar su frontera e iniciar deportaciones masivas hacia nuestro territorio, lo que obligadamente deja a nuestro país expuesto ante el mundo en su política migratoria.
Además de que México ha incumplido de forma sistemática los tratados internacionales en los que participa, como el acuerdo de Cartagena de 1989, de la Organización de Estados Americanos, que señala que cuando ocurren estas migraciones masivas, se debe anular cualquier trámite administrativo como pasaporte o visa y brindar protección.
Pese a los pronunciamientos internacionales por los hechos que han ocurrido últimamente, el Presidente López Obrador en su tercer informe de gobierno volvió a subestimarlos y defender al exfuncionario de las cárceles federales y procesado penalmente al decir: “No se han violado derechos humanos de migrantes. El caso excepcional de hace unos días en que dos funcionarios de Migración patearon a un ciudadano haitiano, ese mismo día se atendió… No va a haber represión en nuestro Gobierno”. Por cuánto tiempo podrá sostener esta situación el Presidente.
Es tan evidente la protección a estos funcionarios desde la presidencia de la República, que la senadora Beatriz Paredes, en la sesión del 09 de septiembre de 2021, de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios que citó a Francisco Garduño Yáñez y mencionó “es el funcionario más cuidado de la patria pues no se ha aceptado que acuda al Congreso […] no veo motivos (para que) no venga […] tenemos que aprovechar que la presidenta del Senado fue su jefa” dijo en referencia a la senadora Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación. Sin embargo, es incuestionable que jamás estuvo bajo su mando.
Definitivamente, desde la llegada de Francisco Garduño Yáñez y Antonio Molina
Díaz al Instituto Nacional de Migración, las violaciones a los derechos humanos de los migrantes has sido recurrente, han tolerado las conductas de los agentes de migración que, se diga lo que se diga, no se habían visto, como las últimas semanas, donde los agentes patean la cabeza de los migrantes aun cuando tienen a sus hijos pequeños en brazos. De esto Molina Díaz como operador de la política migratoria es responsable. Su proceso penal por corrupción en las cárceles federales a esta administración no le importa, pues cuando se tiene línea desde la presidencia y de Washington para violar los Derechos Humanos de los migrantes, nada importa y peor, nada cambia.
Finalmente, queda la duda, que es lo que impide la separación de Antonio Molina Díaz, exfuncionario de las cárceles federales en tiempos de Genaro García luna, actualmente preso en Nueva York, acusado por el fiscal del distrito Este de Nueva York de conspiración, por aceptar sobornos de un cártel y por declaraciones falsas.
