Atienden diputados resolución de la SCJN
Personas con discapacidad deben ser actores activos en toma de decisiones de entes públicos
Toluca, Méx., a 12 de marzo de 2024. La Legislatura local aprobó por unanimidad la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que presentó la diputada Alicia Mercado Moreno, y es resultado de una amplia consulta con cientos de personas con discapacidad, donde por primera vez se tomó en cuenta la opinión de este sector, tras una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Las personas con discapacidad merecemos al igual que las demás personas, todo el empeño y la atención de nuestros gobiernos, desde cualquier ámbito, merecemos ser escuchados directamente, sin intermediarios, porque todas nuestras opiniones importan”, afirmó la diputada de Coacalco.
Desde la tribuna, la legisladora de la 4T, consideró que aún queda un largo camino por recorrer, que debe ser acompañado siempre de la opinión de las personas con discapacidad, y que no solo se reconozcan sus derechos, sino también se avance hacia un sistema de cuidados.
“Que podamos tener una cuota de personas con discapacidad en todos los entes públicos, sí, pero sobre todo, en los puestos de toma de decisiones, contribuyendo permanente a la decisiones que se toman en nuestro país”.
La nueva ley abroga el decreto 258 por el que se expidió la Ley para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad del Estado de México, y fue motivada por la Resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 84/2021, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró la invalidez de ese decreto, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al considerar que era necesaria una consulta pública previa, a la expedición de la Ley, a las personas en situación con discapacidad.
Por ello, la LXI Legislatura, en cumplimiento de la resolución realizó la consulta a personas con discapacidad, con apego a la normativa constitucional y legal aplicable, así como a los Tratados Internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad, y donde también contribuyeron el DIF Estado de México, Instituto Mexiquense para la Discapacidad, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Secretaría de Educación del Estado de México, Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, así como distintas organizaciones civiles.
Alicia Mercado advirtió que debe garantizarse un cambio significativo en los roles de las personas con discapacidad en relación con su participación política y social, dejando de ser sujetos pasivos y prácticamente nulos en la actividad pública y política, a ser actores activos en los procesos de participación ciudadana, ejerciendo derechos, y por ende, siendo visibilizados en la sociedad.
La nueva normativa integra el concepto de Organizaciones de Personas con Discapacidad, que son dirigidas, administradas o gobernadas por personas con discapacidad, y considera un apartado especial sobre el uso de los cambiadores inclusivos, también la creación del Sistema Estatal para la inclusión de las personas con discapacidad integrado por las dependencias y entidades del Gobierno Estatal y de los Municipios.
Y define al Instituto Mexiquense para la Discapacidad como organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Salud, que para el cumplimiento de sus atribuciones gozará de autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones, estrategias y programas derivados de esta Ley.
También establece el programa y registro estatal de discapacidad, así como de las acciones relativas a las personas con discapacidad en diversas materias como salud y protección social, educación, trabajo y rehabilitación ocupacional, bienestar social; movilidad; tránsito y transporte; comunicaciones; facilidades arquitectónicas y urbanísticas; cultura, recreación y deporte; turismo accesible, acceso a la justicia; libertad de expresión, opinión y acceso a la información.
