Ante señalamientos debe haber acción por parte del titular del PJEM porque es notoria selectividad al momento de impartir justicia: Max Correa
De acuerdo a la CODHEM la PJEM y la Fiscalía del Edomex ocupan el tercer lugar con alrededor de 10 mil 274 quejas del 2020 al 2024
Toluca, Méx., 23 de abril de 2024.- Para que se atienda a las víctimas y las peticiones que declaran violación a los derechos humanos y al debido proceso, el diputado Max Correa Hernández presentó un exhorto al Poder Judicial del Estado de México, así como a las instituciones que imparten justicia en la entidad, porque ante los señalamientos, consideró debe haber acción por parte del titular del PJEM, dado que, es notoria la selectividad al momento de impartir justicia.
El legislador de la 4T expuso que el pasado 5 de abril, en conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, una reportera señaló, la existencia de una red de corrupción del Poder Judicial en el Estado de México, en la que diversos abogados de la entidad lo refieren como “la mafia del Poder Judicial”, por el modus operandi de algunos Jueces y Magistrados, personas presas injustamente y la liberación de manera cuestionable y rápida a personas con poder político.
También se refirió al plantón del colectivo “Haz Valer Mi Libertad”, mismo que tiene más de 300 días manifestándose por la demanda de 23 personas que se encuentran privadas de la libertad, quienes estiman no se cumplió con el debido proceso, por lo que ante la contradicción de otorgar el beneficio de amnistía en delitos de alto impacto, el legislador solicitó a la titular de la CODHEM, Mirna García Morón sea revisado el pronunciamiento de su antecesor y permitan acreditar o no las presuntas violaciones a derechos humanos alegadas por las personas de dicho colectivo.
En tribuna el diputado de Morena, destacó que, en este sentido, el presidente fue claro, “si hay injusticias se tienen que corregir, estamos viviendo tiempos nuevos, ya no es el tiempo de antes”; “hay que ver de qué se trata, no vamos a cometer ninguna injusticia”
Derivado de lo anterior, presentó el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución por el que se exhorta al Poder Judicial del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos estatal y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que, atiendan las peticiones de las personas que declaran haber sido objeto de violaciones a derechos humanos y/o al debido proceso.
Subrayó, el debido proceso es un derecho humano reconocido tanto en el marco normativo internacional como en el marco normativo nacional, por ello, es fundamental la labor conforme sus atribuciones de las instituciones públicas como lo es la CODHEM, para dar inicio de oficio a las investigaciones en contra de cualquier autoridad o servidor público que con su tolerancia, consentimiento o negativa a ejercer sus facultades que le confiere la ley de lugar a presuntas violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con datos del Micrositio Transparencia Proactiva de la página de la CODHEM, para el año 2020 se registró un total de 8 mil 520 quejas, para el 21, 10 mil 128 quejas; en el 22, 7 mil 984; en 2023, 5 mil 619 y para este 2024 van registradas 1 mil 654 quejas y lo sobresaliente es que siendo la materia penal a cargo del Poder Judicial estatal y la Fiscalía se ocupa de manera general, en estos periodos ocupan el tercer lugar ambas instituciones, con alrededor de 10 mil 274 quejas, ello por debajo de la materia administrativa y penitenciaria.
El representante popular documentó que, el número elevado de quejas ante la CODHEM nos hace recordar que la base del respeto a los derechos humanos está en la dignidad de la persona, este reconocimiento se puede observar en diversos tratados internacionales que abordan dicha materia.
La violación a los derechos humanos genera una doble responsabilidad, en primer lugar, con respecto al estado quien debe cumplir con sus obligaciones de promover, respetar, proteger, garantizar, prevenir, investigar y sancionar; en segundo lugar, la de los funcionarios públicos quienes podrán estar expuestos a un proceso penal y a procedimientos de sanción administrativa, dijo.
En ese contexto, aseguró el legislador de la 4T, la misión del PJEM es trabajar en la impartición de justicia con mayor credibilidad, confianza y reconocimiento social, de igual forma, la Fiscalía del estado debe conducirse bajo los principios de eficacia, honradez, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.
Puntualizó, la entidad debe ser la de más alto estándar en respuesta a las legítimas demandas sociales y las palabras del Presidente de México son una cordial invitación para aplicar el mejor de los esfuerzos para proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos.
