Valle de Chalco, Edoméx. La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, denunció la presunta opacidad y retrasos en la entrega de programas sociales dirigidos a jóvenes e indígenas en el Estado de México. La líder partidista reveló que existen contratos millonarios cuyas compras no tienen evidencia pública de entrega a beneficiarios.
En una conferencia de prensa, Ruiz Sandoval señaló al Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM), que depende de la Secretaría del Bienestar estatal, como la entidad responsable de las adquisiciones cuestionadas.
Contratos millonarios sin evidencia de entrega
El PRI destacó varios contratos que generan dudas:
- Compra de tecnología y electrodomésticos: Un contrato por casi 17 millones de pesos para la adquisición de equipos de cómputo, máquinas de coser y línea blanca. La compra se realizó a una empresa con solo un año de antigüedad, que, según la denuncia, fue la única en adquirir las bases de la licitación.
- Instrumentos y vestimenta para grupos indígenas: Un contrato de 2 millones de pesos para la compra de instrumentos musicales y prendas de vestir para comunidades indígenas. Los beneficiarios de estos apoyos no han sido identificados públicamente.
- Tabletas electrónicas: La adquisición de 1,050 tabletas electrónicas por un monto de 3.3 millones de pesos, de las cuales tampoco se tiene registro público sobre cuándo o a quiénes fueron entregadas.
Cuestionamientos al presupuesto del Bienestar
La presidenta del PRI enfatizó que existe una falta de transparencia en la aplicación de los fondos públicos. «Nadie sabe cómo se ha aplicado el dinero y bajo qué criterios se han entregado», afirmó.
Ruiz Sandoval también cuestionó la asignación de 209 mil 444 millones de pesos al rubro de Bienestar Social, lo que representa el 54% del presupuesto estatal. Además, denunció que, si bien en el sitio web de la Secretaría se mencionan 14 programas sociales, solo ocho han sido reportados al Congreso local.
Ante esta situación, el PRI solicitó una auditoría urgente para todos los programas con el fin de transparentar el uso de los recursos. La senadora Ruiz Sandoval adelantó que su grupo parlamentario continuará impulsando que los programas sociales se vuelvan un derecho constitucional para garantizar su continuidad y crecimiento.
