Valle de Chalco, Méx. A 13 de octubre de 2025.
A casi un año y medio de haber sido condenado a cuatro años de prisión por el delito de Violencia Familiar, el quinto regidor de Valle de Chalco, Alan Miranda Tenorio, sigue sin cumplir su sentencia, un hecho que pone en entredicho el estado de derecho en el municipio.
La sentencia, dictada en abril de 2024 dentro del juicio 185/2023, es clara: el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento con sede en el distrito judicial de Chalco impuso a Miranda Tenorio —denunciado por su expareja— cuatro años de prisión sin derecho a la sustitución de la pena, además de una sanción económica de $28,886 pesos, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, la reparación del daño moral y material, una amonestación pública y un año de tratamiento reeducativo con perspectiva de género.
Toma de Protesta Cuestionada
La condena inhabilitaba al funcionario para asumir su cargo, sin embargo, Miranda Tenorio tomó protesta como regidor en diciembre de 2024. Su asunción se produjo en medio de la polémica; durante la ceremonia, el regidor optó por no subir al templete junto al alcalde Alan Velasco Agüero y el resto del cuerpo edilicio, presuntamente para evitar el abucheo de un grupo de mujeres que se manifestaban con pancartas en su contra, calificándolo de «violentador».
Pese a la resolución judicial, Miranda Tenorio ha contado con un evidente respaldo político y familiar. Su madre, Irma Tenorio Contreras, actual segunda regidora; un hermano y un primo que son servidores públicos en la administración municipal, y la diputada local por el distrito 27, Jessica Janet Rojas Rodríguez, han sido señalados como sus principales apoyos.
Impune en Zona de Alerta de Género
La actitud del regidor es vista como un franco desacato a las decisiones de los tribunales de justicia. Miranda Tenorio no ha cumplido con la pena de prisión, ni ha recibido la amonestación pública ni el tratamiento reeducativo obligatorio. Su permanencia como autoridad local resulta especialmente sensible en un municipio que cuenta con una doble Alerta de Género y que, paradójicamente, alberga un Centro para apoyar a las masculinidades en la adopción de la perspectiva de género y el respeto a las mujeres.
Ante la aparente impunidad, la población local clama por transparencia, exigiendo al presidente municipal y a la gobernadora del Estado de México que intervengan. Se demanda una explicación pública sobre las razones por las cuales el funcionario elude la sentencia y se pide que se investigue si el regidor goza de supuestos «beneficios judiciales» o si recibe algún tipo de «favor» de jueces o magistrados de la entidad para evadir su responsabilidad penal.
