CHALCO, ESTADO DE MÉXICO — Pobladores y ejidatarios de las comunidades de San Juan y San Pedro Tezompa han alzado la voz ante lo que califican como un «saqueo sistemático» de sus recursos naturales. A través de una misiva dirigida a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, los afectados solicitaron la suspensión inmediata del Programa de Saneamiento Forestal en la zona conocida como El Ocotal, denunciando un presunto ecocidio que ya habría devastado la mayor parte de la reserva.
Las Claves del Conflicto
De acuerdo con la denuncia recibida el pasado 13 de abril por la Dirección de Atención Ciudadana, el programa —ejecutado por el Comisariado Ejidal con el aval de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque)— ha operado bajo graves irregularidades:
- Devastación masiva: Se estima una pérdida del 70% de la masa forestal en un área que, hasta hace tres años, abarcaba 1,200 hectáreas.
- Irregularidades técnicas: Los denunciantes afirman que se están derribando árboles sanos, mientras que ejemplares marcados para saneamiento permanecen en pie.
- Opacidad financiera: Existe falta de claridad en la contratación de servicios y el manejo de los recursos derivados de la venta de madera.
- Conflicto de interés: Señalan un presunto contubernio donde los compradores de la madera son quienes contratan a los técnicos forestales encargados de marcar los árboles a talar.
»La deforestación atenta contra el derecho de la población a un medio ambiente sano y compromete el bienestar de las futuras generaciones», dicta el documento citado por medios nacionales.
Alerta por Riesgo de Violencia
Los inconformes advirtieron que la tensión en las comunidades de San Juan y San Pedro Tezompa ha escalado a niveles críticos. El descontento social por la pérdida del patrimonio natural podría derivar en confrontaciones directas y actos de violencia si las autoridades federales no intervienen de manera oportuna para auditar la gestión de Probosque y el Comisariado Ejidal.
Respuesta del Ejecutivo
Ante la gravedad de los señalamientos, la Presidencia de la República emitió el oficio SACP2026413000013440. En dicho documento, la Dirección General de Atención Ciudadana confirmó que, por instrucciones directas de la mandataria, el caso ha sido turnado a las dependencias correspondientes (presumiblemente Semarnat y Profepa) para su análisis y atención inmediata.
La comunidad permanece a la espera de una inspección física en la zona de El Ocotal que determine el daño real y detenga lo que consideran un negocio privado a costa del equilibrio ecológico del Estado de México.
