- La iniciativa del Grupo Parlamentario de MC (GPMC) busca garantizar el derecho de la población a participar en la realización de obras o ejecución de programas municipales.
- La diputada Maricela Beltrán dijo que, como práctica democrática, el presupuesto participativo fomenta la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
El Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano (GPPVEM) planteó elevar a rango constitucional el presupuesto participativo, mediante reformas y adiciones a la carta magna estatal, para que las personas habitantes de cada región y municipio decidan directamente en qué se gasta su dinero y en qué proyectos utilizar los recursos municipales para mejorar sus colonias, barrios y comunidades.
La iniciativa, leída por la legisladora Maricela Beltrán Sánchez, busca que la población tenga el derecho de participar en la realización de obras o ejecución de programas en los municipios como: recuperación de espacios públicos, mejoramiento y rehabilitación de calles e infraestructura, así como creación de áreas verdes, acciones de desarrollo sustentable para la cultura, el deporte y la recreación.
La parlamentaria mencionó que en la mayoría de los casos las y los ciudadanos no se sienten incluidos ni representados en las tomas de decisiones de los gobiernos municipales, por ello se propone revertir esta situación y provocar que la sociedad se sienta partícipe de la solución de sus problemas.
Enfatizó que, como práctica democrática, el presupuesto participativo tiene otras ventajas, porque fomenta la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública; mejora la eficiencia y eficacia en la asignación de recursos y ajusta el presupuesto a las necesidades reales de las regiones, distritos, pueblos y comunidades.
En este sentido, la propuesta de reforma establece que será responsabilidad de los ayuntamientos asignar partidas presupuestales y programas de presupuesto participativo, y que los egresos vinculados a este último rubro cumplan con las obligaciones de transparencia y fiscalización.
Añade que cualquier incumplimiento en la entrega de las participaciones que correspondan a los municipios, en las fechas programadas, será responsabilidad de las personas servidoras públicas que originen el retraso; y que el Ejecutivo proveerá que se entreguen inmediatamente las participaciones retrasadas y resarcirá al ayuntamiento que corresponda el daño que en su caso se cause, con cargo a los emolumentos de las y los responsables.
El documento resalta que el presupuesto participativo es un proceso en el que la ciudadanía tiene la oportunidad de participar en la toma de decisiones sobre la asignación de sus recursos públicos en su comunidad, así como que es un mecanismo de participación ciudadana que utilizan las democracias más avanzadas y busca involucrar a los ciudadanos en la planificación y gestión de los recursos públicos.
