● Congresistas, representantes de instituciones, activistas y personas defensoras de derechos humanos se pronunciaron a favor de la tipificación de la violencia ácida o química.
● Durante el foro ‘Violencia Química o Ácida: Hacia su reconocimiento, prevención y sanción en el Estado de México’, la legisladora Zaira Cedillo subrayó que el Estado de México debe ser un referente en la defensa de la vida y la integridad de las mujeres.Congresistas de la LXII Legislatura mexiquense, activistas, representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) se pronunciaron a favor de la tipificación de la violencia ácida o química para tener castigos más severos para quienes atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres.
Durante el foro ‘Violencia Química o Ácida: Hacia su reconocimiento, prevención y sanción en el Estado de México’, encabezado por la diputada Zaira Cedillo Silva (morena), María Elena Ríos Ortiz, activista e impulsora de la ‘Ley Malena’; Citlalli Vidal Otero, de la Secretaría de las Mujeres; Imelda López Martínez, del Instituto de Salud del Estado de México; Luz María Islas Colín, primera visitadora de la Codhem, y las juezas Flor Dávila Pastrana y Rosa Oliva Carbajal García expresaron la importancia de que esta conducta sea considerada un delito autónomo a efecto de garantizar justicia a sus víctimas.
En presencia de la legisladora Nelly Brigida Rivera Sánchez (morena), así como de le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (morena), la congresista Zaira Cedillo convocó a la solidaridad y a la sensibilidad institucional ante una de las “formas más crueles” de violencia que, subrayó, busca arrebatar proyectos de vida y la libertad.
En este sentido, ante María Elena Ríos, saxofonista, profesora, activista y sobreviviente de un ataque con ácido, quien impulsa la tipificación de estas agresiones con ácidos, sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables, irritantes o líquidos en altas temperaturas, la legisladora insistió en que el Estado de México debe ser referente en la defensa de la vida y la integridad de las mujeres.
Recordó que, en octubre pasado, presentó una iniciativa para tipificar la violencia ácida o química como delito autónomo, con penas de hasta 20 años de prisión cuando el ataque cause desfiguración permanente en rostro, cabeza, cuello, mamas o genitales, o la pérdida o disminución definitiva de la función de algún órgano o sentido. Cuando el delito se cometa contra mujeres por razones de género, la sanción podría alcanzar hasta 33 años y cuatro meses de prisión.
Explicó que la diputada Nelly Brigida Rivera propuso sancionar las agresiones con ácido u otras sustancias corrosivas, químicas o cáusticas cuando se cometan por razones de género o afecten de forma manifiesta la dignidad e integridad de las mujeres, con penas de hasta 58 años y cuatro meses de prisión.
La también presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso mexiquense indicó que se convocó a representantes de distintas instancias ya que el combate a esta violencia requiere una visión transversal; puso como ejemplo la necesidad de cirugías reconstructivas.
Expuso que la LXII Legislatura mexiquense aprobó la tipificación del transfeminicidio con sanciones de hasta 93 años y cuatro meses de prisión; la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación; penas de hasta 10 años con ocho meses por violencia familiar en su modalidad de violencia vicaria; así como una minuta de reforma constitucional en materia de feminicidio.
La diputada Nelly Brigida Rivera explicó que se ajustó la iniciativa presentada en septiembre pasado, incluyendo el uso del término “violencia química”, ya que las personas agresoras no solo utilizan ácido, sino combinaciones de sustancias.
Detalló que se incorporaron agravantes, como cuando el ataque ocurra en presencia de hijas o hijos; cause lesiones permanentes o incapacitantes; suceda en la vía pública; o se dirija contra grupos vulnerables, elevando las penas hasta 65 años de prisión cuando derive en la muerte o suicidio de la víctima. Asimismo, se contempla duplicar la pena si existe o existió relación sentimental, de confianza o conyugal con la víctima.
En este sentido, ambas congresistas concordaron en que el proyecto legislativo también incluirá en su análisis la propuesta de la Fundación Carmen Sánchez.
Le diputade Luisa Esmeralda Navarro enfatizó que esta violencia no solo daña el cuerpo, sino que busca borrar la identidad de las personas, y llamó a fortalecer la concientización en todo el estado.
Recordó que, tras agresiones sufridas junto con activistas por el matrimonio igualitario, recibieron apoyo del movimiento feminista, lo cual agradeció. También destacó acciones del gobierno estatal encabezado por Delfina Gómez Álvarez en materia de atención a mujeres víctimas de violencia.
María Elena Ríos señaló que este tipo de violencia ha sido reconocida en las leyes de 18 entidades federativas y que solo Bangladesh, Afganistán, Pakistán, Camboya, India, Irán, Colombia, Reino Unido, México, Nepal, Uganda y Etiopía han legislado al respecto a nivel global.
Refirió la relevancia de modificar las legislaciones locales, en virtud de que este tipo de violencia es del fuero común, y que lo que se busca es tipificar el feminicidio en grado de tentativa, estableciendo agravantes como cuando esta violencia infringe daño en infancias, en personas con discapacidad, de la tercera edad y a mujeres trans, además de que propuso incorporar a las iniciativas de las legisladoras que el delito se persiga de oficio y sin posibilidad de que se retire la denuncia.
Por su parte, Citlalli Vidal Otero, directora general de Prevención y Atención a la Violencia de la Secretaría de las Mujeres estatal, precisó que desde 1988 —cuando se registró el primer caso en el país— y hasta 2023, organizaciones civiles han documentado al menos 36 casos de mujeres atacadas con sustancias corrosivas.
Advirtió que las formas de violencia evolucionan, por lo que es necesario contar con registros confiables y una legislación específica que reconozca este delito como autónomo, evite su reclasificación y garantice sanciones, atención médica especializada y acompañamiento psicológico permanente.
Imelda López Martínez, titular de la Unidad Jurídico Consultiva y de Igualdad de Género del Instituto de Salud del Estado de México, destacó la importancia de brindar servicios psicológicos y reconstructivos gratuitos, aunque reconoció la necesidad de mayor presupuesto.
Luz María Islas Colín, primera visitadora de la Codhem, señaló que mientras este delito se procese como lesiones simples, se invisibiliza su gravedad y la carga de violencia de género, además de que las víctimas enfrentan revictimización y falta de peritajes especializados.
Agregó que la legislación debe garantizar atención médica integral y vitalicia, apoyo psicológico y compensación económica, así como un registro estatal de víctimas.
La jueza Flor Dávila Pastrana afirmó que la tipificación autónoma representa un cambio de paradigma al permitir dimensionar correctamente la gravedad del delito, aunque reconoció retos en su aplicación.
En tanto, Rosa Oliva Carbajal García, también jueza de control y enjuiciamiento, subrayó que no reconocer esta violencia limita la capacidad del Estado para sancionarla, y planteó que el reto también está en prevenir, proteger y reparar el daño.
Al foro también asistieron representantes de la Secretaría General de Gobierno, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, todas del Estado de México.
