TOLUCA, EDOMEX. — Con el objetivo de actualizar un marco legal que ha quedado rezagado por más de dos décadas, el Congreso del Estado de México, en coordinación con autoridades estatales y especialistas en la materia, puso en marcha las mesas de trabajo para la construcción de la nueva Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado de México y sus Municipios.
En este encuentro estratégico participaron el Coordinador General de Protección Civil de la entidad, Adrián Hernández Romero, así como representantes del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil (Capítulo Estado de México). La reunión estuvo encabezada por el diputado presidente de la comisión legislativa correspondiente, quien asistió en representación del Poder Legislativo local para coordinar los esfuerzos institucionales.
Una legislación moderna y «desde el territorio»
Esta iniciativa busca sustituir una normativa que no ha sido renovada sustancialmente en 22 años. De acuerdo con los legisladores, el proyecto cuenta con el respaldo de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y del Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares.
El enfoque de esta reforma apuesta por una legislación moderna, eficaz y diseñada «desde el territorio», adaptada a las complejidades específicas de la entidad mexiquense.
«Estamos trabajando en una ley que responderá de manera real a las necesidades del Estado de México, la entidad más poblada del país y el principal centro logístico nacional», se destacó durante la reunión.
El reto de la Megalópolis
La urgencia de esta actualización radica en la alta vulnerabilidad geográfica y demográfica del territorio estatal. Al formar parte fundamental de la megalópolis del Valle de México, la entidad ha sido escenario de prácticamente todos los tipos de desastres naturales —a excepción de huracanes directos—, lo que exige protocolos de prevención y resiliencia mucho más avanzados que los actuales.
Con estas mesas de trabajo, se espera que el proyecto de ley sea robustecido con aportaciones técnicas de expertos y las demandas de los municipios, para posteriormente ser presentado y votado ante el pleno del Congreso local en el presente periodo de sesiones.
